Entrevista pregunta-respuesta

ENTREVISTA A ANDRÉS RUGGIERI, DIRECTOR DEL PROGRAMA FACULTAD ABIERTA

“La nueva Ley de quiebras les da demasiada potestad a los jueces”

Andrés Ruggieri

Al fuego de los conflictos de principio de siglo, surgió un proyecto que hoy es un pilar de consulta en el mundo de las Empresas Recuperadas por los Trabajadores. Su mentor habla de sus orígenes y evolución en la última década.

-¿Qué es Facultad Abierta y cómo nace?

-Facultad Abierta es un programa de extensión universitaria que surge en 2002, con objetivos muy amplios que no estaban planteados para trabajar específicamente con Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT); pero, naturalmente, por el momento que se vivía, conectamos primero con IMPA y después con las demás en general. Trabajamos tanto en la fase de investigación como de extensión, dando asesoramiento a ERT y docencia, ya que tenemos un seminario de investigación y antropología social sobre empresas recuperadas y autogestión, que funciona en Cooperativa Chilavert.

-¿Cómo surge este proceso de las ERT?

-Si bien toma visibilización en pleno conflicto de 2001, en Argentina surgen en la década del noventa, producto del modelo neoliberal y de la falta de respuestas del Estado. Ante el cierre masivo de fábricas, se da un proceso de resistencia frente a la desocupación estructural que los acorralaba.  La UOM Seccional Quilmes venía propiciando la formación de cooperativas para mantener en funcionamiento ciertos establecimientos, las cuales, posteriormente, forman el Movimiento de Empresas Recuperadas por los Trabajadores.

-¿Cuál fue el papel de los sindicatos en esta lucha?

-En un comienzo, los sindicatos tienen una actitud indiferente y hasta contraria al proceso de recuperación de empresas, salvo la excepción que mencioné, que fue la única iniciativa sindical seria y, si se quiere, de vanguardia, y, tiempo más tarde, la Red Gráfica Cooperativa. Cuando cerraba un establecimiento fabril metalúrgico, la respuesta de los gremios era “traten de cobrar la indemnización y busquen otro trabajo”. En los 90, era una respuesta sin salida. Con una empresa vaciada y quebrada, era muy difícil cobrar la indemnización y, mucho más, encontrar otra fuente laboral. Legalmente, los trabajadores ni siquiera podían considerarse despedidos. Hay que tener en cuenta que muchas empresas utilizaron la figura de cooperativas de trabajo de manera fraudulenta, como forma de precarización laboral. La propuesta era: “Ustedes renuncien, y los contratamos, nuevamente, como cooperativistas”.

-¿Cómo actua la nueva Ley de Quiebras en el proceso de recuperación de una empresa?

-La Ley de Quiebras del 95 facilitaba la quiebra de la empresa mediante un proceso que buscaba la eliminación de la industria como mecanismo básico de apropiación de capital, e imposibilitaba la continuidad de la producción por los trabajadores. Pero había una vía alternativa, que era ejercer presión sobre los legisladores para que votaran la expropiación de la empresa. Cuando ésta se reforma, en 2011, se les da demasiadas prerrogativas a los jueces para que manejen el cierre. La potestad es de los jueces. Hay toda una serie de maniobras jurídicas que hacen que todo se vaya prorrogando. Si bien la reforma busca una solución al conflicto, el camino puede durar años. En la práctica, es más engorroso que antes. La presión sobre los legisladores es casi nula, porque primero hay que demostrar que la nueva Ley de Quiebras no resuelve el conflicto, lo que prolonga la duración desde que la empresa cierra hasta que los trabajadores comienzan a producir nuevamente.